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(Fecha: 24/10/2002)

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-(La falta de ética en el comportamiento de Enron no fue la causa de la crisis energética en California )-

ENRON, ETICA Y ELECTRICIDAD

Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley, y Director,LECG LLC
[ P ]Una mayor libertad de mercado limita los efectos nocivos de comportamientos antiéticos

** Nota **Timothy Belden, el ejecutivo de Enron a cargo de la sección de comercialización de electricidad, aceptó la semana pasada su culpabilidad por los cargos de manipulación de precios de electricidad en California. La decisión de Belden abre la posibilidad de éxito en litigios contra otros ejecutivos de Enron, contra la empresa misma y contra otros generadores independientes que, en su gran mayoría, se encuentran en bancarrota como Enron. La resolución de los casos contra los generadores independientes que participaban en el mercado de California es fundamental para poder volver a retomar el camino de la inversión privada en el sector. Sin embargo, el énfasis que pone el gobierno de California en achacar a los generadores privados el descalabro del sector de electricidad no es más que un intento de cubrir graves errores de diseño en la reestructuración del sector a mediados de los ’90.


Los errores de diseño regulatorio facilitaron los aumentos de precios en el mercado mayorista, magnificaron la repercusión de dichos precios en las empresas distribuidoras, generaron una cesación de pagos global que incluyó a la organizadora del mercado mayorista, a PG&E –una de las empresas de distribución más grandes de los EE.UU.– y a varios generadores independientes, y por último terminó en la estatización del mercado mayorista.

Cuando a mitad de los años ’90 el gobierno de California comenzó el proceso de liberalización del mercado de electricidad –el que hasta entonces estaba organizado en forma de monopolios regionales–, lo hizo con una total falta de confianza en el comportamiento de mercados. Por ello, el Gobierno diseñó la reestructuración de manera tal que el mercado no funcionase.
 

Tomemos dos políticas clave que hicieron que la restructuración del mercado eléctrico de California fallase. En primer lugar, el Gobierno congeló por cinco años los precios finales tanto a residenciales como a industriales a un 10% por debajo del precio promedio de 1996. Esto llevó a que cuando los precios mayoristas comenzaron a aumentar por falta de capacidad disponible, los usuarios no redujeron su demanda. De este modo, los aumentos de precios en el mercado mayorista fueron mayores de lo que deberían haber sido si la demanda hubiese sido sensible a los precios.
 

En segundo lugar, se impuso una restricción a las empresas distribuidoras de entrar en contratos de largo plazo con generadores independientes. La supuesta justificación era que si no se prohibían dichos contratos, los distribuidores entrarían en contratos con subsidiarias a precios muy elevados. Esta desconfianza fue irracional y mostró la ideología antimercado de la clase política californiana.

Dado que los usuarios finales podían contratar con cualquier comercializador, si los distribuidores trataban de aumentar los precios perderían mercado rápidamente. El impacto de la prohibición de contratos de largo plazo fue drástico. Como el Gobierno requirió a su vez que los distribuidores se desprendan de sus plantas de generación, los distribuidores tuvieron que vender a precios congelados pero comprar a precios volátiles. Cuando los precios mayoristas comenzaron a aumentar, los distribuidores comenzaron a perder con cada kilovatio vendido. Eso llevó a una crisis de liquidez a lo largo y ancho del sector.
 

La crisis de California estaba cantada. En el ’96, con tres colegas de la Universidad de California, Berkeley, propusimos que el sistema californiano respetase totalmente la libertad de contratos. La libertad de contratos hubiese generado flexibilidad en la demanda y eliminado el descalabro financiero del sector. Basado en su desconfianza de los mercados, el gobierno hizo lo que hizo. A comienzos del año 2001, en medio de una crisis financiera aguda en el sector, volvimos a recomendar que el Estado no entre en contratos de muy largo plazo para resolver la crisis del mercado mayorista. El gobernador Davis, sin embargo, entró en contratos de siete a diez años a precios tres a cuatro veces mayores de lo que hoy en día es el precio mayorista. Estos contratos le costarán al fisco de California varios miles de millones de dólares.
 

La falta de ética en el comportamiento de Enron y Cía., y su posible ilegalidad, no fue la causa de la crisis californiana. La crisis se debió al hecho de que no hubo una verdadera desregulación del sector. Una mayor libertad de mercado limita los efectos nocivos de potenciales comportamientos antiéticos, tanto del sector privado como del público. Esta lección tiene directa aplicación para la actual crisis de confianza argentina



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